La jueza del caso DANA cita a declarar a la jefa de gabinete de Pradas y exige datos clave a Emergencias
La magistrada pide información sobre rescates, avisos y el plan contra inundaciones del 29-O
La jueza que instruye la causa penal abierta por los efectos de la DANA del 29 de octubre de 2024 ha ordenado nuevas diligencias para avanzar en la investigación sobre la gestión de la emergencia en la Comunitat Valenciana. En concreto, la titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, ha acordado citar como testigo a la jefa de gabinete de la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, una de las dos personas que actualmente figuran como imputadas en esta causa.
Los nuevos autos y diligencias, notificados este miércoles a las partes, han sido comunicados por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), en el marco de la investigación penal que sigue abierta por los hechos ocurridos durante el episodio de lluvias intensas y desbordamientos que afectaron gravemente a varias zonas del territorio valenciano.
Entre las nuevas diligencias, la magistrada ha solicitado a la Agencia Valenciana de Seguridad y Respuesta a las Emergencias un informe detallado sobre los servicios de salvamento y rescate de personas llevados a cabo el 29 de octubre por parte de los bomberos forestales de la Generalitat, incluyendo las actuaciones realizadas con helicópteros de salvamento aéreo.
Además, la jueza ha reclamado un análisis del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones de la Comunitat Valenciana, con el objetivo de evaluar si se aplicaron adecuadamente los protocolos previstos en dicho documento y si se actuó conforme a lo establecido en la normativa de protección civil.
Otra de las líneas de investigación abiertas apunta al Centro de Coordinación de Emergencias de la Generalitat, al que la jueza ha pedido que informe sobre los avisos realizados el 29 de octubre a los ayuntamientos con riesgo de inundación. El objetivo es esclarecer si se alertó adecuadamente a los municipios para que pudieran tomar medidas preventivas sobre los cauces de los ríos y evitar situaciones de riesgo para la población.
Asimismo, el juzgado ha requerido un informe sobre las rondas de seguimiento realizadas ese día por parte de Emergencias junto a los servicios colaboradores, para conocer en detalle cómo se recopiló la información sobre la intensidad de las precipitaciones y el aumento de los niveles de los cauces.
Estas nuevas diligencias han sido adoptadas a partir de una solicitud presentada por el sindicato Fetap-CGT, una de las acusaciones populares en la causa, que solicitó ampliar la documentación aportada en la fase de instrucción.
